Congreso de los Diputados
Solo la CUP presenta una alternativa al texto del PSOE sobre proxenetismo que se debate hoy en el Congreso

La CUP registró el pasado 5 de septiembre en el Congreso una enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas del PSOE, que el pasado 8 de junio consiguió en el Congreso el apoyo del PP y de Podemos para su toma en consideración en una votación en la que PNV, EH Bildu y PDeCAT decidieron a abstenerse, ERC, Junts, CUP y Ciudadanos votaron contra, como también hizo Ciudadanos, mientras que Vox optaba por la abstención. 

La enmienda a la totalidad de la CUP fuerza el debate en el Pleno del Congreso ya que, de no haberse presentado enmiendas totales, el texto pasaría a ser debatido en la comisión correspondiente, en este caso, en la de Justicia. El debate está previsto para este jueves 29 de septiembre.

La propuesta del PSOE consiste en una reforma de varios artículos del Código Penal y tiene tres núcleos: castigar el lucro de la prostitución ajena (medie o no explotación), introducir la tercería locativa e imponer multas a los clientes.

En cuanto al primer aspecto, el texto del PSOE se justificaría en que el proxenetismo “no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico”, ya que el artículo 187.2 del Código Penal en la actualidad no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante la “explotación”, argumentan. En segundo lugar, se introduce la relativa a la tercería locativa y la propuesta castigaría así al que “con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses”. El PSOE retoma así la batalla que libró en el debate de la Ley de Libertad Sexual, donde intentó llegó a introducir esta medida que finalmente decayó. En tercer lugar, introduce un artículo para castigar a los clientes o consumidores de prostitución con la siguiente redacción: “El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico será castigado con multa de 12 a 24 meses”, una pena que aumentaría en el caso de que quien presta el acto sea menor de edad. El artículo añade que “en ningún caso será sancionada la persona que este en situación de prostitución”. 

Es de prever que el debate de esta propuesta vuelva a tensionar a los socios de Gobierno, después de que los artículos en torno a la prostitución llegaran a poner en peligro la aprobación de la Ley de Libertad Sexual, que salió adelante después de que el PSOE renunciara a incluir la tercería locativa. Un día después, el grupo socialista presentó la propuesta de ley contra el proxenetismo.

Pese a que Unidas Podemos dio su apoyo en el Pleno que en junio dio paso a la propuesta del PSOE, desde el Ministerio de Igualdad han expresado en diversas ocasiones sus reticencias con una ley que penalice a las mujeres a tiempo que persigue el proxenetismo. En ese sentido se ha pronunciado en diversas ocasiones la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, entre ellas en una entrevista en El Salto donde explicaba que la persecución a la industria proxeneta necesita de un consenso amplio y debe ir de la mano de ayudas a las mujeres que estén en situación precaria así como de una modificación de la Ley de Extranjería que la ley propuesta por el PSOE no contempla.

Trabajo sexual consentido

La formación catalana ha presentado junto a la enmienda a la totalidad una Proposición de ley para los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual que pivota en torno a un concepto clave: el consentimiento. Así, la propuesta se refiere al trabajo sexual “consentido”. La formación justifica su propuesta en que existe “una relación directa entre la penalización del trabajo sexual y el aumento de la inseguridad de las personas que lo ejercen, porque la falta de regulación provoca que estén más expuestas a la violencia institucional, a la de los clientes y los proxenetas”, según un estudio de Amnistía internacional que analiza el marco legislativo irlandés y sus consecuencias.

La propuesta contiene tres capítulos. En el primer capítulo se clarifica qué se entiende por prostitución, y se delimitan los conceptos de la ley. El texto diferencia entre trata, trabajo sexual forzado, trabajo sexual voluntario dependiente y trabajo sexual voluntario y autónomo, y clarifica que se trata de legislar estos dos últimos y en ningún caso la trata con fines de explotación sexual, que “ya está perseguida en el código penal y el Protocolo de las Naciones Unidas para Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000) es muy claro en este sentido, y la Ley para la Garantía Integral de la Libertad sexual ya establece un marco claro de intervención en casos de violencia machista”.

En el segundo capítulo, se legisla para despenalizar la práctica consentida del trabajo sexual. Para ello, propone modificar el artículo 187 del Código Penal ya que, entiende este partido, “en su última reforma confundía el proxenetismo coactivo y del resto de proxenetismo”. Por otro lado, se modifica el artículo 11 de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, en el sentido que no considere ilícita la publicidad de la prostitución. La propuesta pasa por incorporar el trabajo sexual en el epígrafe de trabajos especiales del Estatuto de los Trabajadores.

El tercer y último capítulo crea un programa para todas aquellas mujeres que quieran dejar el trabajo sexual mediante una regularización extraordinaria de todas las personas que ejerzan el trabajo sexual y se encuentren en una situación administrativa irregular.